0. Los veranos ya no son apacibles. Cada verano tiene su agite, y ya no lo recordamos tanto por la placidez de la arena sino por el trueno que hizo olas. El agite de febrero de 2013, por caso, lleva el sello de un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán a propósito del atentado a la Amia.[1]

El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad un acuerdo para la creación de una «Comisión de la Verdad» con el objetivo de avanzar en la investigación del atentado. El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por siete miembros que “no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países” y aguardaba ser “remitido a los órganos relevantes de cada país para su ratificación”. El 28 de febrero el parlamento argentino lo aprobó, dándole el estatuto de tratado internacional. Los treinta días entre aquella firma y esta sanción fueron agitadísimos.

“El año comenzó a toda velocidad, casi sin darnos respiro. Irrumpiendo como un torbellino en el habitual descanso veraniego, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en torno al caso Amia planteó un escenario de debate, de discusiones y de posicionamientos en la órbita nacional y, en especial, en el ámbito comunitario. Casi nadie dejó de pronunciarse y desde las instituciones [judías] centrales hubo marchas y contramarchas, que finalmente derivaron en la oposición al Acuerdo.”[2]

Más que el memo, entonces, más que su firma y más incluso que el rechazado régimen del país contraparte del memo, el oleaje consistió en el excitado debate y airado rechazo de las instituciones judías y del “arco político opositor” en general.

“Personalmente, estoy algo sorprendido con la dureza y la ferocidad con la que se rechazó este acuerdo, máxime cuando los argumentos se apoyaron fundamentalmente en tecnicismos, como por ejemplo la traducción de la palabra «inquiry». No digo que esté mal cuestionarlo, pero me sorprende la ferocidad.”[3]

Sorprendió el revuelo. Pareció una ‘sobre-reacción’. Algunas personas la explicaron por su visceral rechazo o miedo al régimen iraní, negador del exterminio nazi; otras, por su olfato maquiavélico (el gobierno ‘tramaba algo oculto’[4]). Otros, aun hablando con gran impostación, dieron argumentos. Hubo argumentos leguleyos como que un tratado internacional dejaba sin efectos las leyes argentinas y su soberanía, o que el texto del Memorando no aseguraba el enjuiciamiento de los acusados y que por lo tanto podría resultar en dejar impune el Atentado, o que el juez y el fiscal argentinos correrían riesgo de vida si fueran a Irán a investigar, o que los interrogatorios no iban a ser declaraciones indagatorias, etc., etc.

Ninguno de estos argumentos habría tenido cabida si se hubiera recordado que una Comisión de la Verdad es lo que se forma cuando no se puede formar un tribunal y realizar un juicio; es un recurso muy empleado ante casos de genocidio con el criterio de que, si las leyes u otras condiciones vigentes impiden a los damnificados ver condenados a los perpetradores, ninguna les debería impedir conocer qué ocurrió. O, para decirlo con más generalidad, cito la definición de Wikipedia: “comisión creada para recopilar información respecto a situaciones de quiebre institucional y social.” Si vale decirlo en estos términos, una “Comisión de la verdad” tiene facultades de realizar algo parecido a la instrucción para un juicio pero no para realizar el juicio. Sin embargo, ni el gobierno argentino ni la oposición aclararon esto. Esta omisión es la que quisiéramos pensar en esta nota; la trataremos en los puntos siguientes.

Por supuesto, también hubo opiniones sobre la coyuntura diplomática y las relaciones de fuerza internacionales: que el gobierno argentino era títere de Estados Unidos e Israel, que –al contrario­– pretendía acercarse a Irán por su comercio, que el país iba a perder prestigio internacional o que iba a mejorarlo, que Interpol cancelaría los pedidos de captura que emitió contra los iraníes o que ambas cuestiones eran independientes, etc. Lo que no primó, en todo caso, ni en las declaraciones favorables al acuerdo ni en las opuestas fue la visión matizada que algunos proponían:

“La primera tentación que debería evitarse es la demonización de Irán, que conduce a la inevitable toma de posición respecto de las implicancias de negociar con la representación del mal sobre la Tierra. La segunda, que puede derivar o no de la anterior, es la propensión a separar drásticamente principismo y pragmatismo, políticas exteriores basadas en valores e ideales universales o en intereses económicos y ventajas comerciales particulares. Son dos desvíos típicos que suelen llevar a conclusiones tajantes y encerronas sin salida. Ambos caminos nos inducen a tomar posiciones autosugeridas, ya sea condenatorias o justificatorias, antes de terminar de entender qué es lo que efectivamente se está jugando con estas sigilosas movidas de ajedrez diplomáticas que se producen en distintos tableros simultáneos.”[5]

Asumiremos que el gobierno fue pragmático en su práctica –nada permite, como mostraré, asumir lo contrario. Pero digo que tanto el gobierno y sus promotores como los opositores y objetores fueron principistas en sus argumentos y sus reacciones. De tal modo, voluntaria o (más probablemente) involuntariamente, ocultaron las condiciones prácticas en las cuales esos afectados argumentos y reacciones son, también ellos, prácticas pragmáticas. Este pragmatismo ‘inconsciente’ también busca ciertos resultados prácticos desde otro punto de vista: el punto de vista de las condiciones socioculturales contemporáneas, es decir, líquidas o fluidas. Como veremos, la lectura de estas reacciones nos dice mucho de la existencia judía en condiciones líquidas –existencia que abordaremos tanto por el lado del suelo o Estado en que se supondría se inscribe como por el lado de las instituciones que se supondría la producen.

1. Adelanto mi tesis. Lo que generó tanto revuelo es que el Estado argentino demostrara no poder tanto como se suponía que podía. Podemos asumirlo activamente, y afirmarnos en lo que esta asunción abre, o podemos resistirlo reactivamente, y limitarnos al reclamo indignado o satisfecho.

Comienzo asumiendo lo que no puedo: no puedo descular el debate diplomático y legal. Puedo leer lo que se ve. Leo primero una declaración emitida en los días del debate del Memorándum por la agrupación judía Acción Plural Comunitaria:

“Hablar de este atentado es hablar de una herida abierta en el corazón de todos los argentinos que, judíos o no judíos, vimos desvanecerse la tranquilidad y seguridad ciudadana.”[6]

Vemos, con dolor, que el Estado argentino no está en condiciones de asegurar la inscripción pública de las instituciones de la sociedad civil. Digo “inscripción pública” tanto en el sentido legal como en el sentido cultural y hasta afectivo, pues abre una herida en el corazón de judíos y no judíos.

Un poco como la economía mundial se globalizó debilitando la capacidad de los Estados nacionales para regular sus economías, así también el terrorismo se mundializó debilitando la capacidad de los Estados nacionales para “proteger” a sus ciudadanos e instituciones, que “vieron desvanecerse la tranquilidad y seguridad ciudadana”.

Los objetores del Memorándum acordado con Irán veían en su texto una renuncia a la soberanía nacional.[7] Vayan algunos ejemplos.

La declaración conjunta de Amia y Daia del 28/1/13: “La conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ que no está contemplada por las leyes argentinas, que regulan el proceso penal, implicaría una declinación de nuestra soberanía”. El comunicado de Apemia del 27/1: “el Memorando [deroga] de facto los derechos y garantías constitucionales y hasta las obligaciones del Estado”. También varias declaraciones de parlamentarios opositores: el senador Arturo Vera (UCR-Entre Ríos) dijo que “no es posible que el Estado decline su potestad en la búsqueda de la verdad a través de entenderse con el gobierno iraní” (informedigital.com.ar, 22/2/13); “El diputado del GEN Gerardo Milman … estimó que ‘la Comisión de la Verdad no es un espacio de concreción de Justicia’, ya que ‘la indagatoria en Teherán está fuera de la Legislación argentina y es una clarísima cesión de soberanía’, sostuvo en referencia al punto del acuerdo a través del que Argentina acepta que los sospechosos de instigar el atentado a la AMIA, actuales funcionarios del gobierno iraní, sean indagados en su propio país’” (Página/12, 12/2/13).

Por supuesto, los ejemplos pueden multiplicarse, pero aquí no importa tanto quién dijo tal o cual frase sino semblantear el tono subjetivo presente en el revuelo. Tampoco importa ­dirimir si interrogar en Irán es efectivamente una deposición de la soberanía o si, como señalaron la presidenta y varios juristas, no lo es; lo que importa es bocetar la afectación subjetiva que recorrió a los objetores (y también, aunque de modo distinto, a los defensores), ese fenómeno social que necesitamos esclarecernos para que despunte otra subjetivación, para ensayar otras vías de inscripción judía en la cultura.

Volvamos, pues. Ese indignado argumento ‘soberanista’ sosteniendo el airado rechazo puede leerse como un lamento que no acepta que esa soberanía estaba perdida de antemano, y no por una ocupación por parte de una fuerza extranjera, sino por una infiltración por parte de fuerzas globales. Diríamos, transliterando una palabra que tienen el inglés y el italiano, entre otros idiomas, que no estamos ante una invasión externa sino ante una pervasión global.[8] No es una forma sólida de perder la soberanía, sino una forma fluida de corroerse la soberanía. No hubo en ese memo renuncia a la soberanía sino adaptación pragmática a las nuevas condiciones (una renuncia sería, dentro de todo, un acto soberano).

Sin embargo, la tónica general de los cuestionamientos era tachar el Memorándum como una defección del gobierno de Cristina Kirchner en la senda de la investigación y el enjuiciamiento:

“De esta manera el gobierno que, en nombre del Estado, se reconoció encubridor de la masacre de la AMIA (Decreto 812/2005) no sólo podrá seguir ocultando la necesaria participación criminal del Estado argentino en el crimen, sino que tampoco esclarecerá cualquier grado de involucramiento del Estado iraní o el de sus funcionarios” (comunicado de Apemia del 27/1/13).

Con esta nota no busco condenar o aprobar al gobierno sino plantear un problema. No plantearlo es obstaculizar el despliegue de nuestra potencia. Necesitamos pensar cómo asumir esto, ya no como una claudicación de un gobierno sino como un dato duradero e involuntario: el Estado argentino no puede hacer otra cosa. La verdad y la justicia son imposibles para este Estado, para el Estado iraní, para el israelí, para el norteamericano y en general son imposibles en este orden mundial. No se trata de reclamar que un Estado pueda lo que no puede sino de afirmar una potencia autónoma. Confiar en el Estado es delegar nuestra potencia. Tal vez al asumirlo podamos pensar qué podemos hacer nosotros –e incluso hacer que el Estado haga.

Aún si fuera cierto, como pregonan los kirchneristas, que el Estado argentino ha recuperado luego de 2003 la soberanía en cuanto a políticas económicas respecta, no puede pretenderse lo mismo en cuanto a otras cuestiones respecta: la globalización no es un cúmulo de fuerzas manejable por ningún Estado, ni siquiera (como muestra la crisis internacional de 2008) por una confederación de los más fuertes. Aún si fuera cierto que el Estado argentino ha recuperado luego de 2003 la soberanía en el frente económico, la soberanía no se ha recuperado en toda la línea. Tampoco se ha normalizado el poder de la ‘cabeza’ del Estado:

“tomar una decisión de esta naturaleza excede -a mi criterio- las facultades de esta Presidenta, más allá de que la Constitución le asigne facultades suficientes para representar las relaciones exteriores de la República Argentina. Por eso quise que este Memorándum de Entendimiento tuviera el nivel de tratado y fuera remitido para su control y su aceptación o no [al] Parlamento Argentino” (discurso presidencial por cadena nacional el 8/2/13).

Aquí se ven las limitaciones de la investidura presidencial para legitimar sus actos así como las limitaciones de las leyes para investir de legitimidad/poder al gobernante.[9] Esta limitación del poder fundante de la ley es algo señalado hace años no solo en Argentina sino mundialmente; por supuesto, a la vez que es un proceso global, se imbrica con procesos locales de crisis de la legalidad estatal-nacional argentina que no trataremos aquí.[10] En estas condiciones, se ve que resultaba pragmático enviar el Memorándum al Congreso.

Pero sigamos tomando nota de las limitaciones de un Estado posnacional; es interesante ver que tanto las defensas como los cuestionamientos al acuerdo con Irán se mostraban afectados por ellas. Tanto unas como otros eran de hecho informados por esas limitantes pero no asumidas subjetivamente sino resistidas, ignoradas reactivamente. Veamos los argumentos de algunos defensores, tanto decididos como cautos:

“Con todas las críticas que se merece, este acuerdo abre un capítulo distinto, que puede ser una Caja de Pandora u ofrecer esa llave maestra que permita acercarnos a la verdad y la justicia” (Bosoer, Nueva Sion, febrero-marzo 2013). “Una objeción es que este acuerdo está motivado por el deseo de proteger el comercio superavitario entre Argentina e Irán. Espero que no sea así. No tengo por qué presuponerlo” (Escudé, íd.). Dante Palma en el programa 6-7-8 (aunque de una u otra manera se oyó de diferentes defensores del Memorándum) dijo aproximadamente: ‘hay que probar; en el mejor de los casos, conoceremos la verdad y será un avance para hacer justicia; en el peor de los casos, no va a dar resultado y seguiremos intentando con el camino seguido hasta ahora’. En términos parecidos se expresó Sergio Burstein en diferentes oportunidades.[11]  “Diana Malamud, representante de Memoria Activa, reconoció que ‘no hay garantías de que esto sirva’, aunque aclaró que ‘tampoco de lo contrario’” (Enlacejudio.com, 2/3/13). Incluso circuló por correos electrónicos un texto para una solicitada en apoyo del Memorándum: “Los  argentinos judíos abajo firmantes compartimos las expectativas de la mayoría de los familiares agrupados en Memoria Activa y Amigos, Familiares de las Víctimas de la AMIA 18-J, y Amnistía Internacional cuando sostienen que el Memorándum es una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas. En este contexto, independientemente de la caracterización que compartimos de Irán como estado fundamentalista, violador de los derechos de las minorías, negador del Holocausto y propiciador de la desaparición del Estado de Israel, apoyamos la aprobación del Memorándum de entendimiento” (la solicitada finalmente no fue publicada).

Como se ve, ninguno de los defensores aseguraba que la investigación iría a llegar a buen puerto sino solamente que no necesariamente iba a terminar en punto muerto. Lo interesante es que estas defensas son la exacta inversión de la mayoría de los ataques:

“¿Son ciertos los dichos de la Presidenta de que ‘se garantiza el derecho de debido proceso legal… al conformarse una comisión de verdad? NO’” (comunicado de Apemia del 27/1).

Así, el punto que, sin poder asumir y pensar, compartían (y al parecer seguirán compartiendo) defensores y objetores era que el Estado no puede garantizar la ejecución del proceso judicial. Lqqd. Esto nos ubica en las condiciones de tanto revuelo y abre, quizá, a pensar otra justicia.

 

2. Probablemente ya nos parezca natural, pero es llamativo hasta qué punto las internas de la “comunidad judía” (es decir, de las instituciones judías) se expusieron mediáticamente. La antropóloga Paula Sibilia ha mostrado claramente que en nuestros tiempos la intimidad deviene espectáculo y se convierte en “extimidad”; lo que debemos anotar es que esta mutación cultural rebasa con mucho y desde hace mucho el marco individual y alcanza el marco grupal e institucional. Las fracciones de los grupos sociales se vienen viendo, hace rato, enredadas y entrampadas en el berenjenal político-mediático (basta en realidad con decir mediático). Un trozo del enredo se vio la noche del 27 de febrero, mientras el Senado discutía el proyecto de tratado, en el canal Telenoche, cuando Sergio Burstein (de la agrupación Familiares y Amigos de las víctimas del atentado) y Sergio Bergman (rabino y legislador del PRO) se acusaron mutua y abiertamente de favorecer al kirchnerismo o al macrismo y desinteresarse de la búsqueda de justicia o de las necesidades de su comunidad y así por el estilo.[12] Otro trozo del enredo se vio cuando Daia y Amia pasaron de las iniciales declaraciones favorables con reservas (los últimos días de enero) a declaraciones contrarias virulentas (los primeros días de febrero).

“El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, declaró que ‘esos tres cambios de opinión en 72 horas se deben a la interna política, en función de quiénes les dan las órdenes’. Lo hizo en referencia a la insólita alianza entre rabinos reformistas y ultraortodoxos. Contra la opinión de los familiares de las víctimas, del grueso de los integrantes de la colectividad y del sentido común, esta obsecuencia rendida a la derecha macrista, que la utiliza para oponerse a la presidente, demuestra que, también frente a la política nacional, hay varias colectividades de judeoargentinos.”[13]

“El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, … el 8 de febrero dijo que el acuerdo entre el gobierno argentino y el iraní ‘está habilitando la posibilidad de un tercer atentado’ miente, lo sabe, pero es un frívolo que cree que estas mentiras son admisibles en la política.”[14]

Ahora bien, no creamos que eso que Escudé llamaba frivolidad sea un defecto moral de tal o cual grupo, fracción o individuo. Lo que a veces llamamos frivolidad es una práctica mediática difícilmente evitable para la subjetividad y la institucionalidad fluidas, que han aprendido espontánea y automáticamente que existir es aparecer –y aparecer en los medios, es decir, en un campo en que la captación de atención depende del impacto. Si la existencia depende de la espectacularidad, entonces la frivolidad y las internas expuestas son prácticas adecuadas a las condiciones contemporáneas (o “pragmáticas”). Por esto es que

“son legión los dirigentes políticos nacionales y comunitarios que -amplificados por una aceitada caja de resonancia mediática- hoy se rasgan las vestiduras y se tiran de los pelos indignados, mientras alertan sobre el desastre al que se llevará una causa judicial supuestamente viva y pletórica de revelaciones y probanzas judiciales. O mienten con alevosía, o son pavotes con carnet habilitante que repiten consignas vaciadas de contenido real … deberían todos ellos guardar un tono cuanto menos circunspecto … Pero no perderán la oportunidad de llevar agua hacia su molino político con sobreactuaciones memorables”.[15]

Pero también fueron legión los no-dirigentes que se rasgaban las vestiduras. Por ejemplo, fue creado un grupo de Facebook llamado «Yo no quiero un pacto con un estado negacionista de la shoa«” donde también fueron legión las sobreactuaciones: alguien posteó en ese grupo que con la aprobación del Acuerdo por el Senado se iba a “sepultar la causa Amia” ; y por varios lados se vio consternación y alarma “por vivir en un país que pacta con un negacionista” mientras se colegía “estoy pensando en irme del país”[16]. Es interesante señalar que los que no se plegaron a esta dinámica mediática se sintieron inexistentes.[17] Pero es crucial advertir hasta qué punto se cree en el poder del Estado que se lo estima capaz de sepultar lo que uno de los movimientos justicieros (me refiero por supuesto, al movimiento que exige justicia por el Atentado desde 1994) instaló y no cesa de instalar como asunto indeclinable que todo gobierno argentino debe tratar desde entonces. Es increíble hasta qué punto la comprensión de la soberanía como imperio, como poder total y sin impedimentos, obtura la percepción de la propia potencia y de su poder situacional (no imperial) de despliegue problemático.

Abreviando: en la misma visibilidad pública de las instituciones judías y de las fracciones institucionales y de las organizaciones de víctimas del atentado se lee la incapacidad del Estado argentino de contenerlas paternalmente.[18]

En la hiperactividad demandante de las instituciones judías y de las fracciones institucionales y de las organizaciones de víctimas del atentado se entrevé la nostalgia por ‘ese país que supo acogernos’. Este Estado, que se proclama como nacional pero que es un Estado posnacional,[19] no puede alojar en trascendencia a las comunidades a las que otorga personería, no puede cerrarles la herida ocasionada en el “corazón de la tranquilidad y la seguridad ciudadanas”.  He aquí otra forma de constatar el agotamiento de la forma institucional de la comunidad.[20] (También es una forma de constatar que 1994 es un punto de ruptura de la sociabilidad judía argentina, uno de los tantos comienzos de su fluidificación.[21])

En el desapego de que muchos judíos hicimos gala respecto de los debates entre las posturas favorables y contrarias a la firma de ese memorándum, puede constatarse una vez más y por otra vía más la declinante capacidad institucional para alojar a sus supuestos sujetos. Pero también en la informada atención a esos debates de que muchos judíos hicimos gala, puede constatarse una vez más y por otra vía más la declinante capacidad institucional para alojar a sus supuestos sujetos. El que se informa, el que opina, incluso el que se declara como adherente u oponente, se relaciona con lo judío de modo individual y no comunitario. La opinión y la información no crean un común, no crean algo público, sino algo publicitado. La publicitación de una comunidad es la contracara visible de la menos publicitable (pero muy palpable) corrosión de eso común que un espacio comunitario solía albergar y producir. La formación de un tema de opinión, incluso de un “tema candente”, disimula mal la falta de una tarea de cooperación. La información es el gran perchero des-comunal de nuestros tiempos.[22] Pero avenirse a ella es pragmático en tiempos en que escasea la convención comunitaria.[23]

Probablemente, en esto consista una comunidad fluida: unos temas, unas reacciones, un agitar temores y prejuicios, unas publicitaciones, unas internas, unas sobreactuaciones, unos festejos, unos mails, unos cursos, un compartir presupuestos de que se comparten presupuestos, unas escuelas y sus proyectos, unos countries y sus fiestas y campeonatos, y demás destellos con los cuales los miembros pueden establecer una relación de consumo (“establecer una relación” es en realidad un atavismo de tiempos sólidos, y habría que decir “contactarse sin consecuencias” o sin trabar vínculos) más o menos prosumidora y siempre recombinante.[24] Y, también, unas interfaces que recolectan (a la vez que habilitan) precariamente algunos de esos contactos y recombinaciones.[25] Son todas formas pragmáticas, pues obtienen un resultado muy práctico: existencia judía fluida ­–una existencia cuya inscripción pública no queda instituida sino que depende del espectáculo y su reposición constante.

También habría que pensar cómo el lamento y la nostalgia de tiempos pasados, el reclamo por demandas insatisfechas y la victimización, juegan como elementos también configurantes de la comunidad fluida. Un aspecto ya se insinuó: la comunidad, asumida como vulnerada y desprotegida que a la vez asume que el Estado que ya no es el de antes debe protegerla, se configura como actor espectacular y no como dispositivo sólido de producción de subjetividad judía. Habrá que pensar otros aspectos (algunos aparecen a lo largo de este libro).

 

Aclaraciones: nada de esto cuestiona la búsqueda de justicia. Sí cuestiona la asunción anacrónica de que solo el Estado imparte justicia y que lo hace al modo sólido. Evidentemente, el Estado puede impartirla (o judicializarla), pero no tanto como las leyes permiten suponer ni, sobre todo, desde el lugar de trascendencia paternal del Estado-nación, aquel que se constituía en alojamiento de sus súbditos, tanto de los individuales como de los grupales. En otras palabras, esta nota es, además de una pregunta por la subjetividad y la comunidad, una pregunta por la justicia en condiciones contemporáneas.

La justicia es como la dicha, la igualdad o la verdad. Que el Estado no pueda o no tienda a garantizarlas no significa que no las busquemos. Sí significa que cualquier demanda al Estado es táctica de una estrategia que no pone él y cuya satisfacción no es condición necesaria para nuestra búsqueda. Digamos: al Estado le podemos asignar deudas hacia nosotros que salde con sus recursos para gestionar lo que nosotros no podamos en la coyuntura (por ejemplo, evitar el ingreso de ponebombas o solicitar una captura a Interpol).

En todo caso, la determinación de qué es justicia no es una cuestión que debamos delegar en el Estado.

 

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0. Los veranos ya no son apacibles. Cada verano tiene su agite, y ya no lo recordamos tanto por la placidez de la arena sino por el trueno que hizo olas. El agite de febrero de 2013, por caso, lleva el sello de un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán a propósito del atentado a la Amia.

El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad un acuerdo para la creación de una «Comisión de la Verdad» con el objetivo de avanzar en la investigación del atentado. El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por siete miembros que “no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países” y aguardaba ser “remitido a los órganos relevantes de cada país para su ratificación”. El 28 de febrero el parlamento argentino lo aprobó, dándole el estatuto de tratado internacional. Los treinta días entre aquella firma y esta sanción fueron agitadísimos.

“El año comenzó a toda velocidad, casi sin darnos respiro. Irrumpiendo como un torbellino en el habitual descanso veraniego, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en torno al caso Amia planteó un escenario de debate, de discusiones y de posicionamientos en la órbita nacional y, en especial, en el ámbito comunitario. Casi nadie dejó de pronunciarse y desde las instituciones [judías] centrales hubo marchas y contramarchas, que finalmente derivaron en la oposición al Acuerdo.”[1]

Más que el memo, entonces, más que su firma y más incluso que el rechazado régimen del país contraparte del memo, el oleaje consistió en el excitado debate y airado rechazo de las instituciones judías y del “arco político opositor” en general.

“Personalmente, estoy algo sorprendido con la dureza y la ferocidad con la que se rechazó este acuerdo, máxime cuando los argumentos se apoyaron fundamentalmente en tecnicismos, como por ejemplo la traducción de la palabra «inquiry». No digo que esté mal cuestionarlo, pero me sorprende la ferocidad.”[2]

Sorprendió el revuelo. Pareció una ‘sobre-reacción’. Algunas personas la explicaron por su visceral rechazo o miedo al régimen iraní, negador del exterminio nazi; otras, por su olfato maquiavélico (el gobierno ‘tramaba algo oculto’[3]). Otros, aun hablando con gran impostación, dieron argumentos. Hubo argumentos leguleyos como que un tratado internacional dejaba sin efectos las leyes argentinas y su soberanía, o que el texto del Memorando no aseguraba el enjuiciamiento de los acusados y que por lo tanto podría resultar en dejar impune el Atentado, o que el juez y el fiscal argentinos correrían riesgo de vida si fueran a Irán a investigar, o que los interrogatorios no iban a ser declaraciones indagatorias, etc., etc.

Ninguno de estos argumentos habría tenido cabida si se hubiera recordado que una Comisión de la Verdad es lo que se forma cuando no se puede formar un tribunal y realizar un juicio; es un recurso muy empleado ante casos de genocidio con el criterio de que, si las leyes u otras condiciones vigentes impiden a los damnificados ver condenados a los perpetradores, ninguna les debería impedir conocer qué ocurrió. O, para decirlo con más generalidad, cito la definición de Wikipedia: “comisión creada para recopilar información respecto a situaciones de quiebre institucional y social.” Si vale decirlo en estos términos, una “Comisión de la verdad” tiene facultades de realizar algo parecido a la instrucción para un juicio pero no para realizar el juicio. Sin embargo, ni el gobierno argentino ni la oposición aclararon esto. Esta omisión es la que quisiéramos pensar en esta nota; la trataremos en los puntos siguientes.

Por supuesto, también hubo opiniones sobre la coyuntura diplomática y las relaciones de fuerza internacionales: que el gobierno argentino era títere de Estados Unidos e Israel, que –al contrario­– pretendía acercarse a Irán por su comercio, que el país iba a perder prestigio internacional o que iba a mejorarlo, que Interpol cancelaría los pedidos de captura que emitió contra los iraníes o que ambas cuestiones eran independientes, etc. Lo que no primó, en todo caso, ni en las declaraciones favorables al acuerdo ni en las opuestas fue la visión matizada que algunos proponían:

“La primera tentación que debería evitarse es la demonización de Irán, que conduce a la inevitable toma de posición respecto de las implicancias de negociar con la representación del mal sobre la Tierra. La segunda, que puede derivar o no de la anterior, es la propensión a separar drásticamente principismo y pragmatismo, políticas exteriores basadas en valores e ideales universales o en intereses económicos y ventajas comerciales particulares. Son dos desvíos típicos que suelen llevar a conclusiones tajantes y encerronas sin salida. Ambos caminos nos inducen a tomar posiciones autosugeridas, ya sea condenatorias o justificatorias, antes de terminar de entender qué es lo que efectivamente se está jugando con estas sigilosas movidas de ajedrez diplomáticas que se producen en distintos tableros simultáneos.”[4]

Asumiremos que el gobierno fue pragmático en su práctica –nada permite, como mostraré, asumir lo contrario. Pero digo que tanto el gobierno y sus promotores como los opositores y objetores fueron principistas en sus argumentos y sus reacciones. De tal modo, voluntaria o (más probablemente) involuntariamente, ocultaron las condiciones prácticas en las cuales esos afectados argumentos y reacciones son, también ellos, prácticas pragmáticas. Este pragmatismo ‘inconsciente’ también busca ciertos resultados prácticos desde otro punto de vista: el punto de vista de las condiciones socioculturales contemporáneas, es decir, líquidas o fluidas. Como veremos, la lectura de estas reacciones nos dice mucho de la existencia judía en condiciones líquidas –existencia que abordaremos tanto por el lado del suelo o Estado en que se supondría se inscribe como por el lado de las instituciones que se supondría la producen.

1. Adelanto mi tesis. Lo que generó tanto revuelo es que el Estado argentino demostrara no poder tanto como se suponía que podía. Podemos asumirlo activamente, y afirmarnos en lo que esta asunción abre, o podemos resistirlo reactivamente, y limitarnos al reclamo indignado o satisfecho.

Comienzo asumiendo lo que no puedo: no puedo descular el debate diplomático y legal. Puedo leer lo que se ve. Leo primero una declaración emitida en los días del debate del Memorándum por la agrupación judía Acción Plural Comunitaria:

“Hablar de este atentado es hablar de una herida abierta en el corazón de todos los argentinos que, judíos o no judíos, vimos desvanecerse la tranquilidad y seguridad ciudadana.”[5]

Vemos, con dolor, que el Estado argentino no está en condiciones de asegurar la inscripción pública de las instituciones de la sociedad civil. Digo “inscripción pública” tanto en el sentido legal como en el sentido cultural y hasta afectivo, pues abre una herida en el corazón de judíos y no judíos.

Un poco como la economía mundial se globalizó debilitando la capacidad de los Estados nacionales para regular sus economías, así también el terrorismo se mundializó debilitando la capacidad de los Estados nacionales para “proteger” a sus ciudadanos e instituciones, que “vieron desvanecerse la tranquilidad y seguridad ciudadana”.

Los objetores del Memorándum acordado con Irán veían en su texto una renuncia a la soberanía nacional.[6] Vayan algunos ejemplos.

La declaración conjunta de Amia y Daia del 28/1/13: “La conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ que no está contemplada por las leyes argentinas, que regulan el proceso penal, implicaría una declinación de nuestra soberanía”. El comunicado de Apemia del 27/1: “el Memorando [deroga] de facto los derechos y garantías constitucionales y hasta las obligaciones del Estado”. También varias declaraciones de parlamentarios opositores: el senador Arturo Vera (UCR-Entre Ríos) dijo que “no es posible que el Estado decline su potestad en la búsqueda de la verdad a través de entenderse con el gobierno iraní” (informedigital.com.ar, 22/2/13); “El diputado del GEN Gerardo Milman … estimó que ‘la Comisión de la Verdad no es un espacio de concreción de Justicia’, ya que ‘la indagatoria en Teherán está fuera de la Legislación argentina y es una clarísima cesión de soberanía’, sostuvo en referencia al punto del acuerdo a través del que Argentina acepta que los sospechosos de instigar el atentado a la AMIA, actuales funcionarios del gobierno iraní, sean indagados en su propio país’” (Página/12, 12/2/13).

Por supuesto, los ejemplos pueden multiplicarse, pero aquí no importa tanto quién dijo tal o cual frase sino semblantear el tono subjetivo presente en el revuelo. Tampoco importa ­dirimir si interrogar en Irán es efectivamente una deposición de la soberanía o si, como señalaron la presidenta y varios juristas, no lo es; lo que importa es bocetar la afectación subjetiva que recorrió a los objetores (y también, aunque de modo distinto, a los defensores), ese fenómeno social que necesitamos esclarecernos para que despunte otra subjetivación, para ensayar otras vías de inscripción judía en la cultura.

Volvamos, pues. Ese indignado argumento ‘soberanista’ sosteniendo el airado rechazo puede leerse como un lamento que no acepta que esa soberanía estaba perdida de antemano, y no por una ocupación por parte de una fuerza extranjera, sino por una infiltración por parte de fuerzas globales. Diríamos, transliterando una palabra que tienen el inglés y el italiano, entre otros idiomas, que no estamos ante una invasión externa sino ante una pervasión global.[7] No es una forma sólida de perder la soberanía, sino una forma fluida de corroerse la soberanía. No hubo en ese memo renuncia a la soberanía sino adaptación pragmática a las nuevas condiciones (una renuncia sería, dentro de todo, un acto soberano).

Sin embargo, la tónica general de los cuestionamientos era tachar el Memorándum como una defección del gobierno de Cristina Kirchner en la senda de la investigación y el enjuiciamiento:

“De esta manera el gobierno que, en nombre del Estado, se reconoció encubridor de la masacre de la AMIA (Decreto 812/2005) no sólo podrá seguir ocultando la necesaria participación criminal del Estado argentino en el crimen, sino que tampoco esclarecerá cualquier grado de involucramiento del Estado iraní o el de sus funcionarios” (comunicado de Apemia del 27/1/13).

Con esta nota no busco condenar o aprobar al gobierno sino plantear un problema. No plantearlo es obstaculizar el despliegue de nuestra potencia. Necesitamos pensar cómo asumir esto, ya no como una claudicación de un gobierno sino como un dato duradero e involuntario: el Estado argentino no puede hacer otra cosa. La verdad y la justicia son imposibles para este Estado, para el Estado iraní, para el israelí, para el norteamericano y en general son imposibles en este orden mundial. No se trata de reclamar que un Estado pueda lo que no puede sino de afirmar una potencia autónoma. Confiar en el Estado es delegar nuestra potencia. Tal vez al asumirlo podamos pensar qué podemos hacer nosotros –e incluso hacer que el Estado haga.

Aún si fuera cierto, como pregonan los kirchneristas, que el Estado argentino ha recuperado luego de 2003 la soberanía en cuanto a políticas económicas respecta, no puede pretenderse lo mismo en cuanto a otras cuestiones respecta: la globalización no es un cúmulo de fuerzas manejable por ningún Estado, ni siquiera (como muestra la crisis internacional de 2008) por una confederación de los más fuertes. Aún si fuera cierto que el Estado argentino ha recuperado luego de 2003 la soberanía en el frente económico, la soberanía no se ha recuperado en toda la línea. Tampoco se ha normalizado el poder de la ‘cabeza’ del Estado:

“tomar una decisión de esta naturaleza excede -a mi criterio- las facultades de esta Presidenta, más allá de que la Constitución le asigne facultades suficientes para representar las relaciones exteriores de la República Argentina. Por eso quise que este Memorándum de Entendimiento tuviera el nivel de tratado y fuera remitido para su control y su aceptación o no [al] Parlamento Argentino” (discurso presidencial por cadena nacional el 8/2/13).

Aquí se ven las limitaciones de la investidura presidencial para legitimar sus actos así como las limitaciones de las leyes para investir de legitimidad/poder al gobernante.[8] Esta limitación del poder fundante de la ley es algo señalado hace años no solo en Argentina sino mundialmente; por supuesto, a la vez que es un proceso global, se imbrica con procesos locales de crisis de la legalidad estatal-nacional argentina que no trataremos aquí.[9] En estas condiciones, se ve que resultaba pragmático enviar el Memorándum al Congreso.

Pero sigamos tomando nota de las limitaciones de un Estado posnacional; es interesante ver que tanto las defensas como los cuestionamientos al acuerdo con Irán se mostraban afectados por ellas. Tanto unas como otros eran de hecho informados por esas limitantes pero no asumidas subjetivamente sino resistidas, ignoradas reactivamente. Veamos los argumentos de algunos defensores, tanto decididos como cautos:

“Con todas las críticas que se merece, este acuerdo abre un capítulo distinto, que puede ser una Caja de Pandora u ofrecer esa llave maestra que permita acercarnos a la verdad y la justicia” (Bosoer, Nueva Sion, febrero-marzo 2013). “Una objeción es que este acuerdo está motivado por el deseo de proteger el comercio superavitario entre Argentina e Irán. Espero que no sea así. No tengo por qué presuponerlo” (Escudé, íd.). Dante Palma en el programa 6-7-8 (aunque de una u otra manera se oyó de diferentes defensores del Memorándum) dijo aproximadamente: ‘hay que probar; en el mejor de los casos, conoceremos la verdad y será un avance para hacer justicia; en el peor de los casos, no va a dar resultado y seguiremos intentando con el camino seguido hasta ahora’. En términos parecidos se expresó Sergio Burstein en diferentes oportunidades.[10]  “Diana Malamud, representante de Memoria Activa, reconoció que ‘no hay garantías de que esto sirva’, aunque aclaró que ‘tampoco de lo contrario’” (Enlacejudio.com, 2/3/13). Incluso circuló por correos electrónicos un texto para una solicitada en apoyo del Memorándum: “Los  argentinos judíos abajo firmantes compartimos las expectativas de la mayoría de los familiares agrupados en Memoria Activa y Amigos, Familiares de las Víctimas de la AMIA 18-J, y Amnistía Internacional cuando sostienen que el Memorándum es una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas. En este contexto, independientemente de la caracterización que compartimos de Irán como estado fundamentalista, violador de los derechos de las minorías, negador del Holocausto y propiciador de la desaparición del Estado de Israel, apoyamos la aprobación del Memorándum de entendimiento” (la solicitada finalmente no fue publicada).

Como se ve, ninguno de los defensores aseguraba que la investigación iría a llegar a buen puerto sino solamente que no necesariamente iba a terminar en punto muerto. Lo interesante es que estas defensas son la exacta inversión de la mayoría de los ataques:

“¿Son ciertos los dichos de la Presidenta de que ‘se garantiza el derecho de debido proceso legal… al conformarse una comisión de verdad? NO’” (comunicado de Apemia del 27/1).

Así, el punto que, sin poder asumir y pensar, compartían (y al parecer seguirán compartiendo) defensores y objetores era que el Estado no puede garantizar la ejecución del proceso judicial. Lqqd. Esto nos ubica en las condiciones de tanto revuelo y abre, quizá, a pensar otra justicia.

 

2. Probablemente ya nos parezca natural, pero es llamativo hasta qué punto las internas de la “comunidad judía” (es decir, de las instituciones judías) se expusieron mediáticamente. La antropóloga Paula Sibilia ha mostrado claramente que en nuestros tiempos la intimidad deviene espectáculo y se convierte en “extimidad”; lo que debemos anotar es que esta mutación cultural rebasa con mucho y desde hace mucho el marco individual y alcanza el marco grupal e institucional. Las fracciones de los grupos sociales se vienen viendo, hace rato, enredadas y entrampadas en el berenjenal político-mediático (basta en realidad con decir mediático). Un trozo del enredo se vio la noche del 27 de febrero, mientras el Senado discutía el proyecto de tratado, en el canal Telenoche, cuando Sergio Burstein (de la agrupación Familiares y Amigos de las víctimas del atentado) y Sergio Bergman (rabino y legislador del PRO) se acusaron mutua y abiertamente de favorecer al kirchnerismo o al macrismo y desinteresarse de la búsqueda de justicia o de las necesidades de su comunidad y así por el estilo.[11] Otro trozo del enredo se vio cuando Daia y Amia pasaron de las iniciales declaraciones favorables con reservas (los últimos días de enero) a declaraciones contrarias virulentas (los primeros días de febrero).

“El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, declaró que ‘esos tres cambios de opinión en 72 horas se deben a la interna política, en función de quiénes les dan las órdenes’. Lo hizo en referencia a la insólita alianza entre rabinos reformistas y ultraortodoxos. Contra la opinión de los familiares de las víctimas, del grueso de los integrantes de la colectividad y del sentido común, esta obsecuencia rendida a la derecha macrista, que la utiliza para oponerse a la presidente, demuestra que, también frente a la política nacional, hay varias colectividades de judeoargentinos.”[12]

“El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, … el 8 de febrero dijo que el acuerdo entre el gobierno argentino y el iraní ‘está habilitando la posibilidad de un tercer atentado’ miente, lo sabe, pero es un frívolo que cree que estas mentiras son admisibles en la política.”[13]

Ahora bien, no creamos que eso que Escudé llamaba frivolidad sea un defecto moral de tal o cual grupo, fracción o individuo. Lo que a veces llamamos frivolidad es una práctica mediática difícilmente evitable para la subjetividad y la institucionalidad fluidas, que han aprendido espontánea y automáticamente que existir es aparecer –y aparecer en los medios, es decir, en un campo en que la captación de atención depende del impacto. Si la existencia depende de la espectacularidad, entonces la frivolidad y las internas expuestas son prácticas adecuadas a las condiciones contemporáneas (o “pragmáticas”). Por esto es que

“son legión los dirigentes políticos nacionales y comunitarios que -amplificados por una aceitada caja de resonancia mediática- hoy se rasgan las vestiduras y se tiran de los pelos indignados, mientras alertan sobre el desastre al que se llevará una causa judicial supuestamente viva y pletórica de revelaciones y probanzas judiciales. O mienten con alevosía, o son pavotes con carnet habilitante que repiten consignas vaciadas de contenido real … deberían todos ellos guardar un tono cuanto menos circunspecto … Pero no perderán la oportunidad de llevar agua hacia su molino político con sobreactuaciones memorables”.[14]

Pero también fueron legión los no-dirigentes que se rasgaban las vestiduras. Por ejemplo, fue creado un grupo de Facebook llamado «Yo no quiero un pacto con un estado negacionista de la shoa«” donde también fueron legión las sobreactuaciones: alguien posteó en ese grupo que con la aprobación del Acuerdo por el Senado se iba a “sepultar la causa Amia” ; y por varios lados se vio consternación y alarma “por vivir en un país que pacta con un negacionista” mientras se colegía “estoy pensando en irme del país”[15]. Es interesante señalar que los que no se plegaron a esta dinámica mediática se sintieron inexistentes.[16] Pero es crucial advertir hasta qué punto se cree en el poder del Estado que se lo estima capaz de sepultar lo que uno de los movimientos justicieros (me refiero por supuesto, al movimiento que exige justicia por el Atentado desde 1994) instaló y no cesa de instalar como asunto indeclinable que todo gobierno argentino debe tratar desde entonces. Es increíble hasta qué punto la comprensión de la soberanía como imperio, como poder total y sin impedimentos, obtura la percepción de la propia potencia y de su poder situacional (no imperial) de despliegue problemático.

Abreviando: en la misma visibilidad pública de las instituciones judías y de las fracciones institucionales y de las organizaciones de víctimas del atentado se lee la incapacidad del Estado argentino de contenerlas paternalmente.[17]

En la hiperactividad demandante de las instituciones judías y de las fracciones institucionales y de las organizaciones de víctimas del atentado se entrevé la nostalgia por ‘ese país que supo acogernos’. Este Estado, que se proclama como nacional pero que es un Estado posnacional,[18] no puede alojar en trascendencia a las comunidades a las que otorga personería, no puede cerrarles la herida ocasionada en el “corazón de la tranquilidad y la seguridad ciudadanas”.  He aquí otra forma de constatar el agotamiento de la forma institucional de la comunidad.[19] (También es una forma de constatar que 1994 es un punto de ruptura de la sociabilidad judía argentina, uno de los tantos comienzos de su fluidificación.[20])

En el desapego de que muchos judíos hicimos gala respecto de los debates entre las posturas favorables y contrarias a la firma de ese memorándum, puede constatarse una vez más y por otra vía más la declinante capacidad institucional para alojar a sus supuestos sujetos. Pero también en la informada atención a esos debates de que muchos judíos hicimos gala, puede constatarse una vez más y por otra vía más la declinante capacidad institucional para alojar a sus supuestos sujetos. El que se informa, el que opina, incluso el que se declara como adherente u oponente, se relaciona con lo judío de modo individual y no comunitario. La opinión y la información no crean un común, no crean algo público, sino algo publicitado. La publicitación de una comunidad es la contracara visible de la menos publicitable (pero muy palpable) corrosión de eso común que un espacio comunitario solía albergar y producir. La formación de un tema de opinión, incluso de un “tema candente”, disimula mal la falta de una tarea de cooperación. La información es el gran perchero des-comunal de nuestros tiempos.[21] Pero avenirse a ella es pragmático en tiempos en que escasea la convención comunitaria.[22]

Probablemente, en esto consista una comunidad fluida: unos temas, unas reacciones, un agitar temores y prejuicios, unas publicitaciones, unas internas, unas sobreactuaciones, unos festejos, unos mails, unos cursos, un compartir presupuestos de que se comparten presupuestos, unas escuelas y sus proyectos, unos countries y sus fiestas y campeonatos, y demás destellos con los cuales los miembros pueden establecer una relación de consumo (“establecer una relación” es en realidad un atavismo de tiempos sólidos, y habría que decir “contactarse sin consecuencias” o sin trabar vínculos) más o menos prosumidora y siempre recombinante.[23] Y, también, unas interfaces que recolectan (a la vez que habilitan) precariamente algunos de esos contactos y recombinaciones.[24] Son todas formas pragmáticas, pues obtienen un resultado muy práctico: existencia judía fluida ­–una existencia cuya inscripción pública no queda instituida sino que depende del espectáculo y su reposición constante.

También habría que pensar cómo el lamento y la nostalgia de tiempos pasados, el reclamo por demandas insatisfechas y la victimización, juegan como elementos también configurantes de la comunidad fluida. Un aspecto ya se insinuó: la comunidad asumida como vulnerada y desprotegida que a la vez asume que el Estado que ya no es el de antes debe protegerla se configura como actor espectacular y no como dispositivo sólido de producción de subjetividad judía. Habrá que pensar otros aspectos (algunos aparecen a lo largo de este libro).

 

Aclaraciones: nada de esto cuestiona la búsqueda de justicia. Sí cuestiona la asunción anacrónica de que solo el Estado imparte justicia y que lo hace al modo sólido. Evidentemente, el Estado puede impartirla (o judicializarla), pero no tanto como las leyes permiten suponer ni, sobre todo, desde el lugar de trascendencia paternal del Estado-nación, aquel que se constituía en alojamiento de sus súbditos, tanto de los individuales como de los grupales. En otras palabras, esta nota es, además de una pregunta por la subjetividad y la comunidad, una pregunta por la justicia en condiciones contemporáneas.

La justicia es como la dicha, la igualdad o la verdad. Que el Estado no pueda o no tienda a garantizarlas no significa que no las busquemos. Sí significa que cualquier demanda al Estado es táctica de una estrategia que no pone él y cuya satisfacción no es condición necesaria para nuestra búsqueda. Digamos: al Estado le podemos asignar deudas hacia nosotros que salde con sus recursos para gestionar lo que nosotros no podamos en la coyuntura (por ejemplo, evitar el ingreso de ponebombas o solicitar una captura a Interpol).

En todo caso, la determinación de qué es justicia no es una cuestión que debamos delegar en el Estado.